Resumen: Desahucio por expiración del término contractual. La sala recuerda que uno de los requisitos condicionantes de la aplicación del RDL 11/2020 con respecto al derecho del arrendatario a obtener la prórroga del contrato de arrendamiento, era que la finalización del contrato se produjera, bien por haber transcurrido el periodo de duración mínima del contrato de arrendamiento de vivienda del art. 9.1, o bien el periodo de prórroga tácita anual previsto en el art. 10.1 LAU de 1994. En este caso, la cuestión jurídica que se ha sometido a la sala es si, pactado el contrato con una duración de tres años, no cabe aplicar la prórroga extraordinaria del RDL 11/2020 por no hallarse formalmente en alguna de esas situaciones, tal y como ha entendido la sentencia recurrida. La sala, estimando el recurso del arrendatario, considera que dar un trato diferente a ambas situaciones, y negar la posibilidad de adicionar una prórroga de seis meses sobre la duración mínima de los tres años, carece de justificación: las partes se acogieron a los límites mínimos legales de duración del contrato de arrendamiento de vivienda a voluntad del arrendatario, por lo que no tiene sentido que, si se hubiera pactado el alquiler por un plazo menor, y se vinieran aplicando las prórrogas legales del art. 9.1 LAU, hasta el tope legal mínimo de los tres años, cabría aplicar el art. 2 del RDL 11/2020; y, sin embargo, no sería factible en el caso litigioso, por haberse pactado ya inicialmente tal duración mínima legal.
Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y DELITO DE PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL.MOTIVOS: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. GRUPO CRIMINAL. COMPLICIDAD. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. CADENA DE CUSTODIA. DROGADICCIÓN. DILACIONES INDEBIDAS. EXPULSIÓN.
Resumen: Empresa titular de dos concesiones administrativas sobre autopistas en Andalucía regidas por la Ley 8/1972, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, y supletoriamente por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. El Tribunal Supremo sigue su doctrina establecida en sentencia de 18 de diciembre de 2023 (rec. 99/2022). La Sala señala que el art. 25 del RDL 26/2020 y el art. 34 del RDL 8/2020 fueron aplicables desde el 14 de marzo hasta el 21 de julio de 2020 y contienen previsiones específicas para compensar los perjuicios sufridos por concesionarios a consecuencia de las medidas adoptadas por las Administraciones para frenar la pandemia COVID-19, sin que en dicho periodo fueran aplicables las normas que rigen la concesión. No consta la imposibilidad de ejecutar el contrato puesto que no se restringió la circulación por las autopistas. Los concesionarios de autopistas no han patrimonializado un derecho indemnizatorio. No se dan los presupuestos de la fuerza mayor.
